¿Legalizar las drogas disminuirá la delincuencia organizada en México?

Por Alina Verónica Moreno García

El artículo 16 constitucional, define a la delincuencia organizada como una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada. Al ser legalizadas las drogas, las organizaciones que antes eran catalogadas como delincuencia organizada por el solo hecho de cometer un delito, pasarían a ser empresas legales dedicadas a la fabricación, comercialización y venta de drogas, las cuales al encontrarse dentro de la ley, estarían al alcance de las regulaciones propias de un mercado legal.

El dinero recaudado por concepto de impuestos, similar al que se cobra por el alcohol y tabaco, dejaría de formar de las ganancias de los narcotraficantes y sería utilizado por el gobierno para implementar programas de educación y cultura que fomenten el sano desarrollo de los individuos. Es criminal que se gaste más dinero en el combate de las drogas que en educación superior.

La prohibición de las drogas atenta contra la libertad de consumir. Bajo este régimen, no existen ni controles de calidad ni una regulación de ventas de dosis estandarizadas. Hoy en día las drogas son accesibles hasta en las áreas de máxima seguridad de las prisiones. Ni siquiera convirtiendo a México en una cárcel vamos a lograr mantener a las drogas fuera del alcance de aquellos que quieran consumirlas.

Al legalizar las drogas, se acabaría con la nefasta alianza del narcotráfico y el poder político de México. Dejaría de ser el negocio lucrativo que es hoy y se perdería el interés en ser un narco. La legalización es una solución al fracaso de la lucha contra el narcotráfico. Llevamos mas de un siglo persiguiendo el trafico de drogas desde la Convención Internacional del Opio sin obtener resultados favorables.

La actual guerra ha ocasionado que el gobierno pierda la capacidad para controlar la violencia que se vive en el pais. Se han puesto a elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública lo cual es una medida inconstitucional, porque las instituciones de seguridad publica deben ser de carácter civil, según lo estipula el Articulo 21 de nuestra Carta Magna.

Con la legalización de las drogas se acaba el pretexto del Estado de socavar nuestras libertades con el fin de llevar a cabo esta guerra fallida. En la reforma penal de 2008, se estipula el arraigo hasta por 80 días. Así mismo, se permite la intervención de comunicaciones privadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Estas medidas nos dejan en claro la incapacidad de las autoridades para combatir el crimen organizado; nos demuestra que el crimen organizado está muy por encima de las autoridades y que para poder hacer frente a eso, se tiene que recurrir a medidas que violan los derechos humanos.

Es momento de hacer un replanteamiento global de la estrategia de combate al narcotráfico, donde no se den más falsas guerras de simulación en que pierdan la vida personas inocentes. Urge replantear la actual estrategia para poner fin a los impactos que ha ocasionado el crimen organizado y el narcotráfico. Tal como lo dijo la ONU en 2008, debemos empezar a medir los objetivos por resultados y no por actividades. La violencia y las adicciones son indicadores de resultados, por el contrario, los decomisos de drogas y detención de capos son indicadores de actividades.

Hay que reconsiderar la política de criminalización y poner en marcha una política de salud con enfoque a la prevención, educación y tratamiento de las adicciones. Se debe proporcionar rehabilitación gratuita a todos los que la soliciten y redestinar los billones utilizados en la guerra contra las drogas en fondos para la capacitación laboral, el tratamiento de drogas, educación y servicios sociales para comunidades de escasos recursos, etc.